Terminamos
las navidades una vez más con el pensamiento de “menos mal que terminamos con
ellas y no terminaron ellas con nosotros”. Superado este momento da mucha
pereza volver al ruido de fondo de la derecha y la ultraderecha con Pedro
Sánchez, la mujer de Pedro Sánchez, Abalos, Koldo… enmierdando todo como si no
hubiera mañana y como si su inteligencia no les dejara más trinchera para ganar
las elecciones que el “difama que algo queda”.
Volvemos a
las rutinas y con ello a los titulares habituales de prensa, pero hoy existe
uno que nos hace pensar por un momento en el pasado para poder comparar
soflamas. Este martes se juzga a Francisco Álvarez Cascos por “apropiación
indebida” de 181.648 euros.
El que fuera
vicepresidente primero del Gobierno del PP con José María Aznar, además de
ministro de la Presidencia y Ministro de Fomento, presidente del Principado de
Asturias y secretario general del PP desvió dinero del partido Foro Asturias, para
gastos que nada tienen que ver con los de la representación del partido que
ostentaba en ese momento, pagando con ellos cosas como la realización de un
psicotécnico, zapatos, desplazamientos varios, gastos de hotel, gastos de hotel
de un familiar. Pedidos de comida a domicilio particular y también a nombre de
5 familiares del político, además de una videoconsola, varios billetes del AVE,
entradas para la Copa Davis, el Museo Thyssen o el del Prado, restaurantes
varios o la compra de una cama, moqueta, tapicerías e incluso visillos.
Este era el
colofón de su vida política, cuando además se ha sabido que en sus tiempos de
Ministro de Fomento, cuando las incompatibilidades de prohibían gestionar y/o
administrar empresas, tenía una mercantil que aun apareciendo a nombre de su esposa,
nunca dejó de ser administrada y gestionada por el asturiano.
Si uno tiene
en cuenta estos datos y (aunque con mucha pereza) tira de hemeroteca, vemos que
el denominador común de los ministros de Aznar es “uniforme”, porque cuando se
habla de Cascos es inevitable pensar en Rodrigo Rato, el Super-ministro que fue
gerente del Fondo Monetario Internacional, vicepresidente primero y segundo del
Gobierno de Aznar, además de ministro de Economía y portavoz en el Congreso, pero
que termino siendo condenado, no imputado… no, condenado por sentencia firme a
4 años y seis meses de cárcel por las “Tarjetas Black” y a otros 4 años y 9
meses, además de multas por valor de más de 2 millones de euros y un pago a
Hacienda de casi 600 mil euros, como culpable de tres delitos contra la Hacienda
Pública, un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupción entre
particulares. Y esto no son especulaciones ni campaña electoral para ganar
elecciones, esto son sentencias firmes.
Sacados estos
nombres, comienza el ruido de la corruptela entre los ingresos en prisión, por
sentencias firmes, del tesorero del PP, Bárcenas. El diputado por Pontevedra,
Pablo Crespo o la directora del Consorcio para el Desarrollo Económico de
Baleares, Antonia Ordinas, en cuyo jardín se encontraron enterrados 240 mil
euros, vuelve a resonar el nombre de Jaume Matas, ex presidente de
Baleares, procesado por prevaricación,
cohecho, malversación, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de
influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal y delito electoral, por el
que fue condenado a 6 años de cárcel por el caso “Palma Arena” y otros 3 años
más por el caso “Nóos”.
Jaume Matas
que no tiene que ver nada, más que las siglas que a ambos amparan, con Ana
Mato, condenada también y multada al pago de 27.857 euros por beneficiarse de
regalos, viajes y eventos familiares.
Hay que
insistir en que estos no son imputados, no son investigados, son directamente
sentenciados considerados culpables.
La humanidad
o la pena han hecho que una de las sentencias de corrupción del PP haya pasado
más desapercibida, pero no por ello menos importante. La que afecta a quien
fuera ministro de Trabajo de Aznar, que también desarrolló sus labores como portavoz
del Gobierno, presidente de la Generalitat Valenciana y la portavocía del PP en
el Congreso de los Diputados. Hablamos de Eduardo Zaplana condenado a 10 años y
5 meses de cárcel, además del pago de multas por valor de más de 25 millones de
euros, por blanqueo de capital, cohecho, prevaricación, malversación de fondos
públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal,
falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y pertenencia a grupo
criminal.
Ahora
volvemos a la agenda de hoy, para seguir buscando un atisbo de culpabilidad en
el comportamiento del presidente del Gobierno o su familia, con tal de ensuciar
un poco más el escenario político. Claro que más le da a quienes ya tienen todo
su escenario lleno de “basura” política.
El novio de
Ayuso, Alberto González Amador, reconoció un descuadre en sus declaraciones de la
Renta de los años 2020 y 2021, que según han publicado los medios está en
350.951 euros, y que estaba dispuesto a pagar junto con el 4 por ciento de
recargo por los intereses de mora. Un caso que nos trae a la mente otro caso
más del PP, esta vez en Baleares, y que tenía como protagonista a Carlos Fabra,
a quien le condenaron a 4 años de cárcel por defraudar 700 mil euros a
Hacienda, acusado de tráfico de influencias, cohecho y delito fiscal.
De verdad….
¡Qué pereza da volver a la realidad¡
P. Moratilla
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