40 años de Constitución

 

 

Es preciso conocer la historia para conocer bien las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Solo así podremos ver con claridad cómo se equivoca el Partido Popular y cómo se reafirma la ultraderecha en sus intenciones, y lo que es más peligroso, como confunde la ultraderecha y la derecha a quienes nacieron en los 80 o los 90, cambiando (como siempre) la historia a su antojo.

Llama la derecha y la  ultraderecha, partidos inconstitucionales a quienes propugnan la independencia, pero se olvidan que los inconstitucionalistas son muchos de ellos y es tan fácil comprobarlo como ir al diario de sesiones del Congreso de los Diputados y ver quién votó en contra o se abstuvo en la aprobación de la Constitución. Su ideología no ha cambiado, sigue siendo la misma.

El 18 de noviembre de 1976, las Cortes aprobaron la Ley para la Reforma Política y con ella se iniciaba la transición democrática en nuestro país, que culminaría con la aprobación de la Constitución Española.

El 15 de junio de 1977 los españoles votaron las nuevas Cortes Constituyentes, que serían las encargadas de elaborar y aprobar la Carta Magna.

Esas Cortes Constituyentes crearon una Comisión con el mismo nombre, que estaba integrada por Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez Llorca de Unión de Centro Democrático. Manuel Fraga Iribarne por Alianza Popular (hoy Partido Popular). Gregorio Peces Barba por el Partido Socialista Obrero Español. Jordi Solé Tura por el Grupo Comunista y Miquel Roca y Junyent por la minoría catalana. Es evidente que la minoría catalana ya estaba representada entre quienes fueron los encargados de redactar la Constitución.

El texto fue aprobado el 6 de diciembre de 1978 y en él se recogía entre otras cosas que la soberanía reside en el pueblo español. Que España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho, aunque el social se le olvidó a la derecha cuando le tocó gobernar mientras realizaban recortes indiscriminados que reducían la sanidad, la educación o los servicios sociales.

La Carta Magna establecía los Derechos y Libertades inalienables y personales de los españoles, entre los que hoy se encuentran el derecho a una muerte digna, a que las mujeres puedan hacer con su cuerpo lo que deseen o que independientemente del sexo uno pueda vivir con la persona que se crea conveniente. Derechos estos dispuestos a ser amputados por los grupos de derecha y ultraderecha, que hoy se sientan en el hemiciclo.

La Constitución dejó claro que ninguna religión tendría carácter estatal, aunque los Abogados Cristianos o grupos similares se olviden de ello.

También dejó clara la Constitución en su día la Libertad de Enseñanza y la Libertad de Empresa, algo que molesta considerablemente a quienes están en contra de ello y por eso hablan con tanta frecuencia de “adoctrinamiento” en las aulas.

La Constitución hizo cristalina la forma de Gobierno de este país, como una monarquía parlamentaria, aunque algunos se empeñen en traer a debate, una y otra vez, si esto debe seguir siendo así.

La Carta Magna marcaba con claridad que el protagonismo político era para el Gobierno, junto con las Cortes Generales, aunque algunos dirigentes políticos, acomplejados o empeñados en su egocentrismo se empeñen en querer saber más que sabe el Gobierno o las propias Cortes Generales, que están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, porque  entre las dos cámaras quedan representados tanto los españoles como el territorio de cada una de las comunidades autónomas, aunque a veces (como ahora) trate de dársele al Senado un papel que no es el que le corresponde, cuando debería estar más preocupado por los problemas en la Comunidad Valenciana, que en la supuesta corrupción de otros partidos, cuya denuncia ni siquiera se ha probado.

La Constitución reconoce plenamente las comunidades autónomas con la “indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, pero aun así hay quien habla de “romper la  unidad de España” ignorando que para ello la mayoría parlamentaria necesaria está muy lejos de la que se tiene en este momento, y lo que es peor, conociendo y sabiendo esto, engañan a la gente diciéndoles que con el Gobierno actual, corre peligro “la unidad de España”.

Estas necesarias mayoría que modifican la Constitución, solo han sido posible en tres ocasiones, hasta este momento.

La primera fue el 27 de agosto de 1992, cuando bajo el Gobierno de Felipe González, se añadió la palabra “positivo” al artículo 13.2, referido al derecho de sufragio de los extranjeros en las elecciones municipales.

La segunda fue el 27 de septiembre de 2011 bajo el Gobierno de Zapatero, cuando por imperativo de la Unión Europea se sustituyó el artículo 135 “Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea, para sus estados miembro”.

La tercera ha sido el 18 de enero de 2024 bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, para cambiar del artículo 49, la palabra “disminuido” por el de “persona con discapacidad”.

La ultraderecha ya votó en contra de la aprobación de la Constitución en 1978, aunque Abascal se empeñe en llamar a Vox "partido constitucionalista" y critique a los independentistas por querer "romper España", mientras los ultraderechistas luchan por volver a tener “una, grande y libre” que no era ninguna de las tres cosas, aunque Vox siga intentado convencer a varias generaciones de españoles, muchos de los cuales aún tienen a sus muertos en las cunetas, de todo lo contrario. A los más mayores ya nos  mintieron durante 40 años de dictadura. Nos cambiaron incluso los libros de historia y solo a partir de 1978 pudimos conocer toda la verdad. Ahora solo nos queda esperar a que los jóvenes que vienen por detrás no se dejen engañar, por quienes nunca han defendido la democracia, nunca han aceptado derechos y libertades y siempre han defendido el fin de las autonomías.  

¿Quiénes son los inconstitucionalistas? 

P. Moratilla